Desde Fundación Mi Diabetes observamos con preocupación la reducción de recursos contemplada para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
De acuerdo con los antecedentes conocidos durante los últimos días, el proyecto considera una disminución cercana a los $28 mil millones en términos reales, equivalente aproximadamente a un 14% de los recursos destinados a este fondo.
Valoramos y consideramos importante la claridad entregada por la ministra de Salud, May Chomali, quien ha asegurado que esta reducción no afectará la continuidad de los tratamientos de quienes actualmente son beneficiarios de la Ley Ricarte Soto, ni de quienes cumplan con los requisitos para acceder a las patologías y tratamientos que ya se encuentran cubiertos. Como señaló la propia ministra: “si usted tiene una de las patologías cubiertas y tiene la indicación del medicamento, ese medicamento usted lo va a recibir”.
Creemos que esa garantía entrega tranquilidad a miles de personas y familias que dependen de estos tratamientos y que, naturalmente, han recibido con inquietud la información conocida durante estos días.
Sin embargo, nuestra preocupación va más allá de quienes hoy cuentan con cobertura.
La Ley Ricarte Soto nació como una respuesta solidaria frente a una realidad profundamente injusta: que el acceso a un tratamiento capaz de cambiar o salvar una vida pudiera depender de la capacidad económica de una familia.
Por eso, cuando hablamos del financiamiento de esta ley, creemos que también debemos mirar a quienes todavía están fuera de ella.
Desde hace años no se incorporan nuevas patologías a la Ley Ricarte Soto. Detrás de esa realidad existen personas y familias que han visto aparecer nuevas terapias y tratamientos capaces de modificar el curso de sus enfermedades, pero cuyos costos resultan simplemente imposibles de asumir.
Para muchas de ellas, la Ley Ricarte Soto representó una esperanza. La posibilidad de que el Estado pudiera algún día evaluar esos tratamientos y establecer una cobertura que hiciera posible acceder a ellos independientemente de los ingresos de cada familia.
Es ahí donde queremos poner especialmente nuestra mirada.
Entendemos las restricciones presupuestarias y valoramos que se garantice la continuidad de quienes actualmente reciben sus tratamientos. Pero creemos que la discusión no puede terminar ahí. La sustentabilidad de la Ley Ricarte Soto también debe permitir que esta política pública vuelva a avanzar y pueda responder a quienes siguen esperando.
Son esas familias las que hoy merecen especialmente un espacio para levantar la voz y explicar lo que significa convivir con una enfermedad para la cual existe un tratamiento, pero no los recursos para financiarlo.
Confiamos en el trabajo que realizará el Congreso Nacional durante la discusión del Presupuesto 2027. A lo largo de estos años hemos encontrado en parlamentarios de distintos sectores políticos disposición para escuchar a las organizaciones de pacientes, comprender nuestras preocupaciones y defender el acceso a tratamientos y tecnologías que pueden cambiar la vida de las personas.
Esperamos que ese mismo espíritu esté presente en esta discusión.
Como Fundación Mi Diabetes seguiremos atentamente la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos y el debate sobre el financiamiento de la Ley Ricarte Soto, poniendo siempre en el centro la voz de las personas y familias que necesitan que esta política pública no solo pueda cumplir con quienes ya están dentro, sino que vuelva a abrir una puerta para quienes todavía esperan.
Fundación Mi Diabetes
